¿Debería haber intervención en Guanajuato?

¿Debería haber intervención en Guanajuato?

En el año 2003, el ejército mexicano desmanteló una policía anti drogas por corrupción; más de cien agentes fueron detenidos por narcotráfico. El ejército mexicano intervino a instalaciones de la Fiscalía Especializada Anti-delitos en al menos once de 31 estados en el país. Este caso certificó la infame y alarmante penetración del crimen organizado en las instituciones del país. 

Siete, de esos policías detenidos, habrían pedido al menos dos millones de dólares a dos narcotraficantes por liberar cuatro toneladas de marihuana. Estas manos sucias fueron oficinas investigadas e intervenidas por el ejército en: Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Baja California, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Jalisco. 

En 2015, el titular de la agencia de investigación criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio reveló cómo el crimen tenía capturada a la fuerza de la policía en el estado de Guerrero, y así bajo esos mandos se decidían qué operativos realizar, y cuales no, todo al amparo del poder para cumplir los intereses de estos grupos delictivos. Al menos, en esos momentos, en esos tiempos, se tuvieron que intervenir trece municipios del estado de Guerrero porque estaban controlados por el crimen organizado. 

Este fue un caso donde en Guerrero, el gobierno federal a través del ejército tuvo que tomar el control de la entidad porque no había confianza en las autoridades de seguridad y era alarmante la situación que prevalecía. La única diferencia entre delincuentes y policía era la identificación. 

Hoy no solo es imprescindible erradicar a la mafia política y a la narcotraficante, pues ambos se fusionaron corrompiendo a la institucionalidad mexicana. Los funcionarios públicos, doblegados por sus aspiraciones a sobrevivir, aplauden y sostienen una permanente negligencia ante sus jefes en gobierno vinculado al crimen organizado. Al menos, desde el año 2010, la propia área de estudios municipales del Senado de la República advirtió el alarmante método y determinación de cómo grupos criminales lanzaban desde diversos partidos políticos a miembros o viles lacayos de su grupo criminal a puestos de función y representación popular como presidentes municipales, diputados locales y federales. Desde aquellos tiempos ya se subrayaba la alarmante situación del país, donde al menos sesenta por ciento de los municipios eran gobernados por personajes con vínculos directos al crimen, y por ende se permitían estos actos atroces en el territorio, como robos, extorsiones, tráfico humano, narcotráfico. 

Zerón fue responsable de conducir un operativo en 2014 para capturar al Chapo Guzmán. Y estuvo al frente de la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados el 26 de septiembre del 2014. Lo que Zerón encontró al momento, bajo presiones del Presidente de la República, fue que la policía local de Ayotzinapa estaba al servicio del crimen organizado que mató a los estudiantes, los quemó y aventó las cenizas al río.  Sin embargo, instancias internacionales desestimaron el caso de investigación de Zerón que responsabilizaba más a la policía municipal y dejaba prácticamente exonerados a fuerzas militares y policía federal. El caso, dentro de un clima de inseguridad y enorme hartazgo social, se convirtió en emblema de la corrupción de México. 

Ahora, Tomás Zerón huyó a Israel donde reside actualmente y tiene asilo político. Es protagonista en haber permitido una compra multimillonaria de gobierno a empresas privadas (NSO) de Israel para combatir el terrorismo y el crimen. Uno de esos programas tan costosos, era el programa de espionaje «pegasus» que acabó empleándose contra periodistas, abogados y activistas.

Ahora, apenas en 2018, se levantó una operación en Acapulco Guerrero para frenar la violencia de las pandillas y la corrupción policial en la costera. Esta decisión fue tomada por las autoridades de México acatando el riesgo por reemplazar a las policías locales por miembros de la armada mexicana y policía federal, en el mes de septiembre de ese año. Esta acción ya había sido practicada en otras partes del país, donde soldados, agentes federales y estatales reemplazaban funciones de la policía del vecindario para restablecer la paz social y el estado de derecho. Los resultados de este tipo de acciones, fueron en unos casos positivos y en otros contraproducentes. 

En Acapulco, la Fiscalía General del Estado ordenó la detención de dos cargos de altos mandos policiales, a un alias "el Fénix" de policía preventiva, y a el "Brayan" de movilidad de transporte. Este mecanismo permitía desarmar a las policías locales. 

En Acapulco la crisis era grave, hasta el momento, por el destino turístico que representa y por ser parte de la vía pacífico (La joya turística) que tanto le interesa al crimen organizado. En Acapulco hasta ese momento tenían una tasa de homicidios dolosos quince veces superior a la de la ciudad de los Angeles en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Esto ha ido creciendo, desde Fox, hasta Calderón, hasta Peña Nieto con la ley de seguridad interna, hasta López Obrador con la creciente militarización de orden civil en México que ha llegado a consolidarse en una Guardia Nacional. 

Al momento, la policía local sigue sin ser bien pagada, con múltiples deficiencias, vulnerable ante el crimen organizado. Los alcaldes siempre se excusan ante sus inminentes signos de ingobernabilidad, que no pueden hacer mucho pues la policía es preventiva, y los problemas de narcotráfico son de fuero federal. Pero ni la policía local previene, ni tampoco autoridades del estado toman cartas en el asunto por fuero común y federal. 

Nombramos estos casos, porque Acapulco en esos momentos era la tercer ciudad con más violencia. Hoy el Bajío, Guanajuato, cuenta con las ciudades más violentas del mundo, con más homicidios que en Honduras y en el Salvador, con mayores crisis en seguridad pública que en Centroamérica. Y al fiscal de la entidad le regalan un ejercicio de dictadura para que permanezca en el cargo dos décadas, que siga hasta 2028. Esto en complicidad con un mismo grupo de titularidad en seguridad pública que a él le conviene, con Sophia Huett (Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.) y Alvar Cabeza de Vaca al frente de la titularidad de seguridad pública. A pesar de la burbuja que se vive en el Partido Acción Nacional, al servicio del gobierno, como pasa con el poder legislativo, no mira la población una alternativa de salida a una cruda violencia que parece no tener fin. 

Las masacres en Guanajuato continúan, y a pesar de las manifestaciones por estudiantes universitarios asesinados, por feminicidios y desapariciones forzadas, los panistas siguen enquistados en la esfera del poder, inamovibles desde que haces treinta años el PRI le regalara el bastión al PAN por causa de sus acuerdos y amasiato para figurar democracia en México, con el fin de hacer respetar el modelo económico de monopolio, de capitalismo de cuates que había venido prevaleciendo al menos hasta la llegada de López Obrador a la presidencia de la república; no obstante toda esa camarilla hace alarde de desesperación por regresar al púlpito de poder. 

Hablamos del mismo grupo que lleva décadas en el poder público y que se ha acostumbrado a trabajar sin oposición, sin reclamos, haciendo arbitrariamente con los moches todo lo que les pueda convenir, sin límites, porque nadie se los pone. 

¿Vamos a hablar de esperar a que se pacifique la entidad en otra década? Al menos, desde los tiempos de Genaro García Luna al frente de la titularidad de seguridad pública del país, él nos hablaba de que para tiempos de Peña Nieto terminaría la cruda violencia provocada por las dos guerras que enfrenta México: la guerra de gobierno contra el crimen organizado, y la guerra entre los carteles del crimen organizado. Así se la pasan los titulares, advirtiendo pronósticos que terminen los ciclos de violencia entre década y década, pero no cesa, no termina, y el estado de derecho sigue corrompiéndose y las instituciones siguen albergando cifras negativas que determinan su desastre en credibilidad frente a la opinión pública. 

De tal manera que la bomba de tiempo en Guanajuato sigue creciendo, esperando un instante donde explotará información que se omite o se empecina en encubrir para proteger intereses perversos al amparo del poder. Esto porque no sabemos el nivel de putrefacción que habita en el estado, uno omitido deliberadamente al menos desde el sexenio anterior. Esto porque tenemos signos evidentes, manifestaciones claras de cómo la clase política en el estado sostiene vínculos con el crimen organizado. Y es que en Guanajuato se implantó desde hace mucho tiempo uno de los carteles del mayor imperio de huachicol, el Cartel de Santa Rosa de Lima. Esta crisis, suscitada en el epicentro del corredor industrial de Guanajuato, Villagran, parece no padecer nada en materia de estado de derecho. Poco sabemos y conocemos de la terrible corrupción que habita ahí. Desconocemos el nivel de penetración y control del crimen organizado sobre cada uno de los municipios de Guanajuato, al tiempo en que vemos la ineludible manifestación de ingobernabilidad que proyectan cada uno de los alcaldes que están al menos en el corredor industrial, en las ciudades más violentas del mundo, como: Valle de Santiago, San Miguel de Allende, Cortazar, Celaya, Villagran, Irapuato, Salamanca, Salvatierra, Jaral del Progreso, León, Silao, San José Iturbide. Guanajuato vive inmerso en la corrupción, en la impunidad y en la ingobernabilidad, con un poder centrado en unas cuantas manos de una secta política. 

¿Debería haber intervención?  En 2019, tan solo, Diego Sinhué se pronunció a favor de clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, con la firme intención de promover la intervención de las fuerzas militantes extranjeras provenientes de Estados Unidos de Norteamérica en territorio nacional. Eso dice mucho de un gobernador que se excusa en que toda la responsabilidad queda en el ejecutivo federal para esconder sus incompetencias y las propias consecuencias que ocasionó la dictadura hegemónica de la secta política que representa. Esto es causal de que los gobiernos de los estados con mayor PIB nacional, buscan excusarse de sus responsabilidades por atender los problemas del delito del fuero común que les compete completamente a ellos, pero que echan bajo la sombra del problema del narcotráfico a no realizar nada, pasar desapercibidos y seguir cuidando su carrera política. Alcaldes panistas que osan atacar a gobierno federal no han promovido mayor seguridad en sus localidades echando culpa de que les arrebataron grandes recursos, con los que tradicionalmente hacían más moches que prácticas para procurar justicia. Alcaldes panistas en Guanajuato, mientras tuvieron fortaseg, ya eran parte del porcentaje oprobioso de abonar a que Guanajuato se convirtiera en la primer entidad con homicidios dolosos en la república. Y hay una nulidad en cuanto a exigir estado de derecho en la entidad. 

¿Cuánta contaminación habita en la tierra emblemática de la cuna de la independencia?

De tal manera que no habría que ir demasiado lejos cuando hablamos de intervención, pero no extranjera sino nacional para respetar nuestra soberanía; esto y la necesidad imperante ante un escenario de impunidad, corrupción e incompetencia en las autoridades estatales de Guanajuato, que claramente osan con seguir permitiendo la putrefacción a propósito, de forma deliberada, o tal vez de forma que su incompetencia no puede resolver. Cualquiera de las causas, nos indica el apremiante y urgente acto de desmantelar la tapadera de corrupción que pusieron un grupo de individuos bajo la sombra del partido dominante, el PAN.

Queremos libertad.

Erick Xavier Huerta S.