Guanajuato, Gto; 25 de noviembre de 2021. 

Presentan Iniciativa para intensificar la participación ciudadana en la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

Las diputadas Alma Alcaraz Hernández, Irma Leticia González Sánchez, Martha Edith Moreno Valencia, Hades Berenice Aguilar Castillo, y los diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Ernesto Millán Soberanes, David Martínez Mendizábal, Cuauhtémoc Becerra González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, junto a la diputada Dessire Ángel Rocha, integrante de la Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato,  proponen la obligación general de la Auditoría Superior para establecer mecanismos de participación ciudadana en el Programa de Trabajo, en la rendición de cuentas, en el combate a la corrupción.

Esta mañana en sesión del Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, diputadas y diputados del partido de Morena, presentaron una iniciativa a fin de intensificar la participación ciudadana en la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 

En la exposición de motivos, Alma Alcaraz Hernández, integrante de la bancada morenista, manifestó que entre los puntos más importantes de la Iniciativa, se encuentran: 

• Que la Auditoría Superior del Estado NO se confunda el tener Autonomía a no rendirle cuentas al Congreso Local, NO se mandan solos. En base al art. 63 de la Constitución las facultades de fiscalizar las cuentas públicas le competen al Congreso del Estado, por lo que se enfatiza que esta facultad es del Congreso. NO SOMOS LA OFICIALÍA DE PARTES DE LA ASEG, señaló. 

• La propuesta contempla que se abra la fiscalización a la participación ciudadana, que las y los CIUDADANOS puedan participar en la formulación del programa de auditorías y que opinen sobre que AUDITORÍAS SE DEBEN REALIZAR, es decir, que en la elaboración del Programa General de Fiscalización la ASEG, se contemplen mecanismos de participación ciudadana tales como la convocatoria para la recepción de propuestas ciudadanas sobre qué instituciones o programas deben ser auditados. Porque señaló que, casualmente, las instituciones y programas que revisa la auditoría cada año no suelen tener observaciones, por lo que da la impresión de que le preguntan a los entes auditados qué áreas quieren que les auditen y en dónde “no hay que moverle”. 

• Que las Auditorías solicitadas por ciudadanos en las cuales se hayan detectado posibles actos de corrupción y lo denuncien las auditorías se puedan llevar a cabo en tiempo real, no hasta que “se termine el ejercicio de fiscalización” es decir, la facultad de revisión concomitante que actualmente tiene la ASEG sólo en casos de auditorías mandatas por este Congreso, se propone ampliarla también a los casos de revisiones derivadas de denuncias ciudadanas de situación excepcional. 

• Que los informes de resultados de las auditorías que se publican mediante el sitio oficial de transparencia sean explícitos y claros a través de videos y publicaciones entendibles, ya que, si bien se publican, estos no son ni claros, ni entendibles para los ciudadanos. Además, en esta reforma se contempla la obligación específica de que los informes semestrales y anuales que rinda el auditor superior, no se reduzcan a presentaciones en formatos que dificultan en análisis ciudadano de los mismos, sino en datos abiertos que deberán ser accesibles desde la propia página electrónica de la Auditoría. 

• Que las denuncias que reciba la Auditoría por casos excepcionales que ameriten una auditoría específica del hecho, cuando sean desechadas por el Auditor, éste deba informarlo de inmediato a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso, con la finalidad de verificar si se cumplieron los supuestos marcados en la ley para su archivo, ya que señaló que, actualmente el auditor superior tiene la facultad de archivar el expediente cuando detecte que no existen elementos para probar los hechos o actos relacionados con la denuncia, sin rendir informe al Congreso.

• Se propone que el Informe de Resultados de las auditorías sea suficiente para que las y los Diputadas y Diputados puedan conocer los resultados de la fiscalización; señaló que, “no es posible que sigamos recibiendo un resumen de 1 cuartilla del Informe de Resultados de toda una auditoría, como el caso del municipio de León, en comparación con otros estados como el de Culiacán, Sinaloa que entregan 355 cuartillas,  situación que ya expuse en sesiones anteriores”. Derivado de que los informes de resultados de las auditorías y revisiones realizadas por el Congreso no contienen información suficiente para que las y los legisladores validen las labores de fiscalización llevadas a cabo por la ASEG. Por esto, esta iniciativa contempla la necesidad de que los informes de resultados contengan no sólo los procedimientos de auditoría generales que pueden aplicarse, sino la selección de las partidas para revisar en cada caso auditado y los procedimientos de auditoría aplicados a cada elemento de la muestra revisada. 

• Además, agregó que, esta iniciativa contempla que el Congreso tenga conocimiento sobre cómo se lleva a cabo la selección de las partidas, los procedimientos de auditoria aplicados a cada elemento de muestra, y demás detalles que permitan conocer si la auditoría se realizó conforme a la ley y cuáles fueron sus resultados a cabalidad. 

Por otro lado, con respecto a la falta de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y deliberación entre la ASEG y el Congreso del Estado, recordó que pese a que su autonomía, la Auditoría Superior es un órgano técnico del Poder Legislativo. Por lo que se consideró necesario que la relación y forma de trabajo entre la ASEG y el Congreso del Estado se modifique. 

En este sentido, detalló que la iniciativa contempla varias modificaciones, dado el contexto de partido hegemónico que ha tenido el Estado de Guanajuato durante más de 30 años le ha hecho mucho mal a la Fiscalización y a la Rendición de Cuentas en la entidad. 

Por otro lado, indicó que la facultad que actualmente tiene el titular de la ASEG para suspender el plazo máximo de duración de seis meses para la revisión de cuenta pública y auditorías ha mostrado ser una herramienta útil durante la pandemia global que hemos vivido. Sin embargo, se criticó que el diseño que actualmente tiene esa facultad en la legislación de los acuerdos emitidos desde que entró en vigencia esa posibilidad, no han especificado las razones que la sustentan en cada caso concreto, limitándose a señalar que la pandemia dificulta el desarrollo ordinario de los actos de fiscalización. 

Con esto, afirmó que no se especifican los procedimientos interrumpidos por la situación en cada caso, ni tampoco se facilita a las y los legisladores el contexto específico que dificulta la fiscalización de cada ente, por lo tanto, la iniciativa propone que la suspensión del plazo pueda ser solicitada por el titular de la ASEG, pero que deba ser aprobada por el Congreso.

Además, se propone establecer como atribución del Auditor Superior la de ser el enlace entre la ASEG y la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local.

Alcaraz Hernández, expuso que, dentro de la iniciativa se propone que un requisito para ocupar cargos directivos en la ASEG sea no haber sido sancionado con la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, independientemente del tiempo de sanción que se haya determinado. Esto, porque resulta necesario que quienes encabecen esta institución nunca hayan tenido algún señalamiento por cualquier tipo de corrupción.

Adicionalmente, cuando se trate del Auditor Superior, se considera añadir no haberse desempeñado durante los tres años anteriores como titular de alguna de las entidades susceptibles de ser fiscalizadas, con la  finalidad de aminorar las posibilidades de conflictos de interés en la labor de fiscalización, por lo cual se incluye no haber sido Secretario u homólogos en el Poder Ejecutivo, no haberse desempeñado como Presidente Municipal, Síndico, Diputado, Secretario General del Congreso o titular de algún organismo constitucional autónomo. 

La iniciativa contempla además la necesidad de homologar la definición de las auditorías de desempeño con la comprendida por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en sus Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 300 sobre los principios de la auditoría de desempeño, con lo cual se amplía el alcance de dichas revisiones en términos de la materia de revisión que pueden abordar hasta un estándar mínimo internacional y que la ASE no se niegue a realizar Auditorías de Desempeño a la Fiscalía General del Estado, como ya sucedió. 

Igualmente se propone incrementar el monto de las multas aplicadas por la ASEG y que lo recaudado se destine al fortalecimiento de las propias labores de fiscalización, tal como se hace en otras entidades federativas, como el caso de Sinaloa. 

Por último, se propone dar al auditor superior la atribución de impugnar las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa; así como presentar no sólo denuncias penales, sino también de juicio político por los actos u omisiones que dañen gravemente los intereses públicos fundamentales, por violaciones graves a la Constitución y Leyes locales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos estatales.

Por Redacción/REPERCUSIÓN