IMPUNIDAD Y VIOLADORES SERIALES
IMPUNIDAD Y VIOLADORES SERIALES
Doble o nada
José Luis Ramírez
Mas allá de la burla a la ley, y el ultraje a la dignidad de las mujeres, el proceso judicial en contra de Jorge Romero Vázquez, ha puesto en el centro del debate nacional la impunidad. Sí, la impunidad que ha destrozado la vida de instituciones hasta convertir la justicia en moneda de cambio, o cheque al portador de políticos en el poder.
En este tema hay aspectos que se unen y que nos dejan mas dudas que respuestas: uno es la denuncia de Regina Irastorza; dos la respuesta del ministerio público, de la juez de control y la clasificación del delito; tres, la reclasificación del delito; cuatro, el inculpado como beneficiario de la reclasificación del delito por ser diputado federal electo; cinco, el fuero federal como blindaje para los delincuentes de cuello blanco.
La denuncia presentada por la víctima, Regina Irastorza Tomé, en contra de Jorge Romero Vázquez, fue investigada por el ministerio publico y presentada al juez de control, quien estableció que el delito por el que ejerció acciona penal fue por violación espuria de acuerdo con las constancias recabadas durante la indagatoria. Eso implicaba un delito grave de acuerdo con el artículo 11 del (CPPEPG), por el que el acusado debería de permanecer en prisión preventiva, y de ser encontrado culpable se le impondría de 10 a 17 años de prisión.
Articulo 151 dice que dentro de las 72 horas siguientes al momento en que el inculpado quede a disposición del juez, se citara auto de formal prisión, mismo que deberá contener el delito que se le impute al acusado, el lugar, el tiempo, y datos que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito, y hacer probable la responsabilidad del indiciado.
El presunto violador, permaneció casi tres meses en prisión preventiva, y salió libre al reclasificarse el delito a abuso sexual, mire usted sin no hay una gran diferencia, el Articulo 187 (CPPEPG) señala que es abuso sexual cuando, sin su consentimiento de una persona ejecute en ella, o él haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cúpula, se le impondrá sanción de tres meses a un año de prisión, y de tres a diez días de multa…
Las preguntas que saltan a la vista son: ¿Por qué el juez cambio el tipo de delito? ¿inexperiencia, o la falta de rigor técnico de la juez?, ¿La investigación y las pruebas presentadas por el ministerio publico fueron hechas al vapor o falsas?
El Ministerio público, a decir de los medios de comunicación, solicita la reclasificación del delito, pero lo hace cuando el proceso por violación espuria se había iniciado. Pero no es el Ministerio publico quien lo reclasifica, sino la juez.
La reclasificación del delito permite que el juicio se lleve en libertad para Jorge Romero, pero no solo eso, sino le ofrece la oportunidad de tomar protesta como diputado federal, lo cual lo coloca en una posición de blindaje a cualquier acto judicial durante su periodo de “representante popular” durante tres años.
La pregunta obligada es: ¿Por qué un presunto delincuente, en proceso judicial debe ser protegido por el fuero constitucional? ¿Por qué un presunto delincuente, puede estar por encima de ley y colocarse en una situación de excepción con respecto a cualquier ciudadano? ¿Por qué los diputados tienen un trato que los coloca por encima de la ley, o bien porque pueden pisotear la vida de las personas, o su patrimonio y no pueden ser llevados a juicio?
La igualdad es un principio de la democracia, la Constitución, en su artículo 13, reconoce que “ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que […] estén fijados por la ley”, ésta sigue sin aplicar a todos por igual: existen privilegios como la protección que el Estado Mexicano otorga a un grupo de funcionarios contra los que no se puede proceder penalmente sin el consentimiento previo de la Cámara de Diputados.
La impunidad que ha quebrado el imperio de la Ley, y ha destrozado la vida de nuestro país. El poder político como escudo al pillaje y a los delincuentes es una epidemia que sufrimos desde hace décadas. Eso ya es intolerable.
El fuero es una herramienta legal que le otorga inmunidad procesal, concretamente a los diputados y senadores, fue concebido para evitar abusos entre las esferas de poder, y proteger su derecho e expresar libremente sus ideas, pero lejos de ellos se ha convertido en un privilegio que blinda la corrupción, la complicidad, y la impunidad.
Para llevar a juicio a un presunto delincuente como lo es Jorge Romero, si tomará protesta como diputado, la Cámara de Diputados tendría que autorizarlo -juicio de procedencia-, y eso llevaría un largo tiempo que le permitiría en su momento ser protegido y absuelto de los delitos que se le imputan, sin tocar un juzgado. Un tribuno romano, no gozaría de mayores privilegios que él.
El Fuero, fue creado para proteger la función legislativa, pero evidentemente en el caso de Jorge Romero, presunto violador serial, sería para protegerlo de la acción de la justicia, y condenarlo si así fuera por un delito menor. El daño social, ya no es en contra de una o dos mujeres, es en contra del sistema de justicia que se niega a proteger a todas las mujeres que se encuentren vulnerables frente a los integrantes de grupos de poder políticos, o de partidos políticos que pueden retorcer la Ley a la medida de su conveniencia.
La reclasificación del delito torció de manera interesada la ruta del proceso legal, para que Jorge Romero, esposo y padre, militante del Pan, exfuncionario del Gobierno del Estado de Guanajuato, posible Diputado Federal del Pan, siga atentando contra la dignidad de las mujeres, y el espíritu de la Constitución que debe velar por su integridad física. La llegada de este sujeto al Congreso de la Unión sería un ultraje a la máxima representación nacional del pueblo de México, y a todas las mujeres y hombres de bien de nuestra patria.
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