IRREGULAR ES: «la indexación del cobro de las tarifas de agua potable realizado por varios municipios.» DICE #morenaGTO

 

EL AGUA, COMO POLÍTICA PERVERSA DEL PAN EN GUANAJUATO

Alma Alcaraz hizo uso de la voz en el pleno del congreso de Guanajuato para hablar a favor de las leyes de ingreso de los municipios que hoy se discuten para su aprobación. 

Desde el Grupo Parlamentario de Morena dijeron aprobar los dictámenes correspondientes porque, en general, consideran que se respetó el acuerdo establecido para no incrementar por encima del 3.95% correspondiente a la inflación. Sin embargo, en lo particular existen irregularidades injustificadas que no podemos dejar pasar. Una de estas irregularidades, denunciadas en su momento en las Comisiones Unidas desde el Grupo Parlamentario de Morena, se esconde tras la indexación del cobro de las tarifas de agua potable realizado por varios municipios.

La indexación de los precios de agua potable propuesta por municipios como León, Celaya, San Miguel, Guanajuato o Apaseo el Alto, no es más que un disfraz para validar un incremento por encima del acuerdo de 3.95%.

Esto supone varios problemas; sin embargo, el más significativo reside en los incrementos en las tarifas en que esto se traduce, que van desde el 5 hasta el 9%.

Inicialmente, tanto la Comisión Estatal del Agua como la aplanadora azul de este Congreso, intentaron señalar que el incremento de 3.95% acordado no se supera si se compara enero con diciembre de cada ejercicio fiscal. 

Sin embargo, no se trata de comparar enero con diciembre, sino el costo anualizado, es decir, el precio pagado durante todo el ejercicio fiscal, compuesto por el promedio de las tarifas mensuales. 

Ante su incapacidad para negar los evidentes incrementos, Acción Nacional y la Comisión Estatal del Agua decidieron refugiarse en el insostenible argumento de que las tarifas de agua no deben ajustarse al 3.95% de inflación, pues el cobro de este derecho corresponde al Índice Nacional de Precios al Productor, no al Consumidor; asimismo, señalaron que son cobros que se realizan para mejorar la infraestructura necesaria para brindar el servicio. 

Ambos argumentos son falsos e insuficientes para justificar superar el 3.95%, por lo que desde Morena les exigimos que no quieran confundir a la población. 

Respecto al primero, hay que señalar que los criterios para ajustar tarifas, acordados en septiembre de este año, señalan que el tope del 3.95% para incrementar las tarifas y cuotas para 2022 tiene el propósito de recuperar los costos asociados con la inflación, independientemente de que se utilice como criterio de medición el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o el Índice Nacional de Precios al Productor, pues en concordancia con el Banco de México, dichos criterios para ajustar tarifas reconocen que ambos pueden funcionar como medición para la inflación. 

Respecto al segundo, hay que señalar que, si pretenden cobrar la indexación para mejorar la infraestructura, o para adquirir los materiales necesarios para seguir brindando el servicio, no se están brindando los costos unitarios de dichos materiales, ni tampoco se están señalando las obras por realizar, y ni siquiera se están etiquetando los recursos para que se utilicen en dichas obras y no en gasto corriente. Sin embargo, independientemente de estas carencias, un dato concreto es que ni las iniciativas ni los dictámenes contienen los estudios técnicos que sí se exigen en los cobros de cualquier otro concepto. 

El agua potable es un derecho humano, no una mercancía con la que los municipios puedan extraer recursos para su clase política.

Evidentemente, el cobro indexado de las tarifas de agua potable es una muestra de la falta de dignidad pública con que operan muchos municipios de nuestro estado; incrementando los cobros de aquellos servicios imprescindibles para garantizar el bienestar, vulnerando los derechos humanos de quienes menos tienen, sin que primero exista un compromiso por la austeridad republicana por parte de la clase política del Estado. 

En este sentido, si bien es cierto que la indexación de las tarifas de agua han sido uno de los conceptos con los que se ha abusado más sistemáticamente en el estado, existen varios conceptos dispersos en diferentes municipios que tienen el mismo sentido extractivo y ajeno al interés popular de las y los guanajuatenses. 

Ejemplo de esto es el inmoral incremento que se da en Guanajuato en conceptos correspondientes a servicios como guarderías públicas, estacionamiento en la vía pública, e incluso incrementos escondidos en disposiciones administrativas tales como la tarifa para el nuevo museo de las momias, que lo convierte en el museo público más caro del país. 

Por lo anterior, pese al sistemático rechazo del panismo a las reservas que presentamos en comisiones, seguiremos defendiendo los intereses de las y los guanajuatenses frente a aquellos cobros dispersos en diversos conceptos, con los que muchos gobiernos municipales buscan saquear los bolsillos de las y los ciudadanos.

Por Redacción/REPERCUSIÓN