La corrupción sistémica no es gratuita—ALMA ALCARAZ

La corrupción sistémica no es gratuita

Uno de los ejes principales de la transformación de la vida pública en nuestro país es el combate a la corrupción. El pueblo mexicano ha sufrido por décadas las decisiones inmorales de políticos y funcionarios corruptos. 

De acuerdo con Transparencia Internacional, durante el gobierno de Felipe Calderón México se retrocedió en el índice de percepción de corrupción, al pasar del sitio 70 de 163 países en 2006 al lugar 105 al terminar su sexenio. Con Enrique Peña Nieto se cayó 33 lugares más para terminar ocupando el puesto 138 de 180 países. En cambio, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha escalado 14 lugares al ubicarse en el lugar 124.

Si bien es cierto que falta mucho por hacer, es evidente el cambio de tendencia logrado a partir del 2018, según el cual el combate a la corrupción hoy está dando pasos firmes a nivel federal. 

Sin embargo, a nivel local, el gobierno del Estado de Guanajuato, que ha estado en el poder por más de 30 años, se empeña en quedarse atrás de esta lucha tan importante para la democracia y la vida pública de nuestra entidad. 

En el estado de Guanajuato no existe interés alguno por combatir la corrupción, al contrario, cada vez se va incrementando más. Las cifras son claras: entre 2017 y 2019, Guanajuato fue uno de los Estados donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción.

En relación con la incidencia de corrupción, el diagnóstico de la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción señala que de 2017 a 2019, en Guanajuato se registró la variación porcentual más alta (161.2%), al pasar de 13 mil 245 a 34 mil 593 actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil habitantes, ubicando con ello a la entidad en la sexta posición con la mayor incidencia de actos de corrupción y por encima de la media nacional.

Ante la incapacidad por parte del grupo en el poder del Estado de Guanajuato de resolver los actos de corrupción que personas de su mismo circulo político cometen, han preferido mantener las cosas como están y hacer como que no pasa nada. 

Tan grave es la indiferencia que, una de las instituciones del estado diseñada para combatir la corrupción, como lo es la fiscalía especializada en materia de delitos contra la corrupción tiene míseros resultados que nadie ha tenido la intención de solucionar, ni siquiera es tema. 

De acuerdo con el informe de gestión enero-junio 2021 de la Auditoría Superior del Estado, en dicho periodo se presentaron 9 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, que se estarían sumando a las 264 en existencia. El problema es que la fiscalía especializada apenas ha judicializado 8 de esas 264 denuncias. En cambio, la misma fiscalía fue muy rápida para archivar 50 y dejar en trámite 186 denuncias más. 

Como ejemplo de las decenas de denuncias presentadas por la Auditoría Superior, y que se encuentran estancadas en la fiscalía, están las que presentó desde septiembre y octubre de 2018, relacionadas con la auditoría practicada al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra. Increíblemente, las denuncias correspondientes no han sido judicializadas luego de más de 3 años, hecho que el grupo parlamentario de Morena denunció desde la legislatura pasada.

Igualmente, la nula eficacia de la fiscalía anticorrupción se vuelve a confirmar con el Análisis de la operación de las Fiscalías Anticorrupción en México del Instituto Mexicano para la Competitividad 2021, en donde se señala que en el periodo que va del 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, en 17 meses, en Guanajuato, la fiscalía especializada no judicializó una sola investigación.

Los datos anteriores, demuestran, sin lugar a duda, que la fiscalía especializada en combate a la corrupción no está funcionando de acuerdo con los fines propuestos en la norma, esto es, combatir la corrupción y la impunidad. O posiblemente está funcionado a la perfección, si se piensa desde la óptica de la clase política de la entidad, pues solo así el pacto de impunidad que los mantiene en el poder estaría funcionando a la perfección.

Por lo anterior, quienes suscribimos la presente iniciativa, consideramos que se debe fortalecer la autonomía de la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción como un inicio para construir una institución con la fuerza e independencia necesaria para investigar los delitos que tienen que ver con hechos de corrupción.

Asimismo, consideramos que quien encabece dicha fiscalía no debe tener ningún tipo de dependencia con el titular de la Fiscalía General, como actualmente sucede; situación que es problemática en sí misma, pero que se agrava cuando consideramos que el Fiscal Carnal forma parte de los grupos de interés político y económico en la entidad, a tal punto que permanece en ese encargo gracias a las complicidades políticas del Estado, pues no se le puede atribuir la permanencia en el cargo a sus logros, ya que son inexistentes. 

En Guanajuato necesitamos un fiscal anticorrupción sin vínculo con facción alguna, para que tenga la capacidad de investigar cualquier delito independientemente de la filiación política o económica de quien lo cometa.

En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción señala que se debe contar con órganos especializados de combate a la corrupción que gocen de la independencia necesaria, con los recursos materiales y con personal suficiente y calificado. Específicamente, en el artículo 36 de esta Convención, se establece que los países deben asegurarse de que los órganos o personas especializados en la lucha contra la corrupción gocen de independencia para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas, proporcionando a estos órganos formación adecuada y recursos suficientes.

Para tal efecto, desde Morena proponemos un mecanismo diferente para nombrar al fiscal anticorrupción en el que no participe el fiscal general del Estado, sino que sea atribución tanto del Congreso del Estado como de la ciudadanía, mediante un procedimiento que efectivamente garantice la autonomía de dicha fiscalía, tal como sucede en la mayoría de las fiscalías especializadas anticorrupción en nuestro país.

¿Cómo se encuentran las fiscalías del resto del país?, de las 29 que se ya se han creado 19 fiscalías estatales anticorrupción tienen AUTONOMÍA, derivada de que NO SON NOMBRADOS POR EL FISCAL GENERAL, y solo 10 se encuentran sujetas a los Fiscales Estatales, una vez más en este tipo de materias GUANAJUATO TIENE UN REZAGO LEGISLATIVO y no, entendemos como siguen diciendo que tenemos uno de los marcos normativos más avanzados del país. 

La corrupción sistémica no es gratuita, no es neutral, no es indoloro, no es insabora; tiene altos costos sociales y económicos, debilita la capacidad del Estado para otorgar servicios, bienes, obras públicas, distrae, consume recursos, tiempo, esfuerzo que, de otro modo, podrían ser aplicados al desarrollo de obras públicas y a la ejecución de programas sociales, obstaculiza la distribución de recursos para abatir la pobreza; socava la confianza de la sociedad en el sistema político.

Y reiteramos en Guanajuato exigimos un fiscal anticorrupción sin vínculo con facción alguna, para que tenga la capacidad de investigar cualquier delito independientemente de la filiación política o económica de quien lo cometa.

#PorUnFiscalAntiCorrupcionQueSirva

Alma Alcaraz

Diputada Local—CONGRESO DE GUANAJUATO

LXV LEGISLATURA