#GTO Grupo Parlamentario de Morena EXHORTA A PRI, PAN, PRD, MC VOTAR A FAVOR DE LA REFORMA ELÉCTRICA

Grupo Parlamentario de Morena EXHORTA A PRI, PAN, PRD, MC VOTAR A FAVOR DE LA REFORMA ELÉCTRICA

Aunque Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1937, hasta inicios de 1960 un oligopolio encabezado por 2 empresas extranjeras  gobernaba la industria eléctrica del país. Por esto, ese pequeño grupo de empresas privadas que tenían el control sobre el sector eléctrico fue capaz de subir los precios de la electricidad a discreción tanto a los hogares, como a todas las demás industrias. 

Además, al tener como interés primordial maximizar sus utilidades, las empresas privadas del sector eléctrico nunca mostraron interés por electrificar las zonas rurales del país: el mercado potencial de las zonas rurales era poco atractivo (hogares con pocos focos y casi ningún aparato eléctrico), por lo que preferían mercados urbanos consolidados (hogares con múltiples aparatos eléctricos y empresas que requerían grandes cantidades de electricidad). Esto produjo pobreza energética para una inmensa mayoría de la población: se ha calculado que, en 1960, sólo entre el 7% y el 12% de la población tenía acceso a la electricidad .

Por lo anterior, a finales de 1960 se nacionalizaron las empresas extranjeras, comprándolas y convirtiéndolas en empresas estatales como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la Compañía Eléctrica Mexicana del Norte, la Compañía Mexicana Hidroeléctrica y de Terrenos, entre otras. 

Para completar la nacionalización de la industria eléctrica, se reformó el artículo 27 de la Constitución, para indicar que la industria eléctrica era exclusiva de la nación. Con esto, en contraposición a la lógica anárquica del mercado privado, los sistemas eléctricos se fueron interconectando mediante una red de líneas de transmisión de alta tensión que actualmente podemos ver por todo el país: hoy contamos con más de 110 mil kilómetros de líneas de transmisión y 883 mil kilómetros de redes generales de distribución.

Sólo de esta manera fue posible comenzar a electrificar muchas zonas rurales, así como bombear agua para las zonas agrícolas del norte del país, y apuntalar el proceso de industrialización que permitió la explosión económica conocida como el milagro mexicano, cuando el país transformó sus fuerzas productivas creciendo a tasas anuales por encima del 5%. 

En este sentido, podemos ver que los efectos de la nacionalización de la industria eléctrica fueron positivos: a 30 años de la reforma, en 1990, más del 90% de la población ya tenía acceso a la electricidad (hoy estamos por encima del 99%) . Se pasó del 12% al 90% de la población con acceso a la electricidad en tan solo 3 décadas.

Sin embargo, a partir de 1992 e intensificándose con la firma del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los gobiernos neoliberales implementaron una apertura violenta del sector eléctrico y un manejo sumamente deficiente de instituciones como la CFE o la Secretaría de Energía. 

Así, estos gobiernos modificaron la Ley del Servicio Público de Energía para introducir figuras como la de producción independiente, abriendo la posibilidad de concesionar la generación de energía eléctrica a empresas privadas que le vendieran electricidad a la CFE, con lo cual también disminuyeron el uso de plantas productivas de generación energética de la CFE. Dejaron de utilizar la electricidad que la CFE generaba sólo para comprarle a los privados. 

Adicionalmente, se instaló la figura de permisos para autoabastecimiento, mediante los cuales se abrió la puerta a grandes empresas que, alegando producir su propia energía, simularon expansiones de nuevos socios para venderles energía eléctrica a precios por debajo del mercado, pero aprovechándose de las redes de distribución de la CFE sin pagar por esto. 

Evidentemente, el nuevo sistema eléctrico instaló un sistema de apropiación privada al amparo del Estado que terminó por legalizarse con la reforma peñanietista de 2013, aprobada a espaldas de la sociedad y, muy probablemente, sustituyendo la deliberación por los sobornos. 

Hoy en día, debido a esa reforma, tenemos un escenario desastroso en todos los sentidos. Primero, la CFE subsidia y sostiene a los privados: pese a contar con 191 centrales de generación de energía , éstas sólo operan al 55% de su capacidad debido a que está obligada a comprarle electricidad a los privados mediante un sistema de despacho mafioso que se traduce en daños a la hacienda pública. 

Para 2020, por ejemplo, la CFE tuvo que comprar, a sobreprecio, electricidad por aproximadamente 223 mil millones de pesos, a la par de que perdió 215 mil millones de pesos más que dejó de producir por tener sus centrales de generación subutilizadas. 

En segundo lugar, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con una autonomía dañina ha otorgado permisos de producción de energía a los privados de forma indiscriminada e irracional. Mientras que la red eléctrica tiene una demanda proyectada para todo el país de 52,500 megavatios, la CRE ha otorgado permisos por 134,372 megavatios. Evidentemente, esto produce sobrecargas imprevisibles que derivan en apagones, vulnerando en último término la garantía del derecho humano a la energía eléctrica de la población.

En tercer lugar, se generó un atraco a la CFE por parte de las sociedades de autoabastecimiento que, mediante la simulación, hicieron negocios utilizando la infraestructura pública sin pagar por ella. De esta forma, mientras que existen 239 sociedades de autoabastecimiento, de ellas se distribuye electricidad a más de 77,767 consumidores. Entre los beneficiarios de este atraco encontramos a Oxxo, Cemex, Bimbo, Walmart, Kimberly-Clark, entre otras que, al no cubrir el costo del transporte de la electricidad, terminan pagando mucho menos que la mayor parte de los hogares mexicanos.

Hoy en día, todo esto se ha discutido y se ha difundido de forma generalizada por diferentes medios, por foros, asambleas y debates. Por esto, hoy sabemos que el problema del actual sistema radica en que, para las empresas privadas, la electricidad es una mercancía, no un derecho. Basta con ver cómo algunos de los defensores del sistema actual que asistían a los foros del parlamento abierto, comparaban a la electricidad con gansitos marinela para terminar negando el carácter justiciable del derecho a la electricidad.

Sin embargo, en el Grupo Parlamentario de Morena sabemos que la energía eléctrica es un derecho humano que permite mejorar la calidad de vida, la producción económica e incentivar el bienestar universal, pues en la medida en que se generaliza el acceso a este bien, los tiempos y posibilidades de desarrollo humano incrementan. Por esto, su cumplimiento impacta directamente la garantía de otros derechos, tales como el derecho humano a la vivienda o el ingreso. 

En este sentido, la rectoría del estado sobre la producción y distribución eléctrica contribuye a garantizar este derecho humano, sin importar la tasa de ganancia generada: como ejemplo, basta con ver el proyecto encabezado por la CFE en lugares como la Sierra de Zongolica, donde la lejanía respecto a las redes generales de distribución impide la electrificación convencional, por lo cual se otorgan, instalan y mantienen paneles solares individuales. Este tipo de intervenciones, evidentemente, no son susceptibles de generalizarse desde el sector privado, pues responden a un entendimiento de la electricidad como un derecho, no como una mercancía.

Así, la propuesta de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, busca incluir el litio y la electricidad como parte de las áreas estratégicas a cargo del sector público. Con esto, se blinda el sector eléctrico nacional para que se rija bajo el entendimiento de la electricidad como un derecho humano. Al mismo tiempo, se garantiza que un mineral estratégico como el litio, capaz de almacenar energías, se explote sólo en beneficio de las comunidades, de los trabajadores de la industria y abonando a un gasto social progresivo que beneficiará a todas y todos los mexicanos.

De igual modo, la reforma contempla constituir a la CFE como un organismo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración, así como responsable directo de la transición energética en materia de electricidad. 

Con esto, no sólo se define claramente la responsabilidad para atender la política de transición energética en nuestro país, sino que también se mantiene la misión de servicio social de la CFE y se garantiza que las tarifas de la luz se mantengan por debajo del precio de la inflación.

De igual modo, se prevé que la CFE genere al menos el 54% de la energía eléctrica, mientras que los privados podrán generar hasta el 46%, eliminando las modalidades ilegítimas de generación privada. Esto, no sólo detendrá el atraco que vive actualmente la CFE, sino que garantizará la seguridad energética, respetando las inversiones que ya existen, pero sin demeritar la capacidad de producción de la CFE.

Asimismo, se reordenará el despacho de energía eléctrica, priorizando las energías más limpias y firmes, es decir, la hidroeléctrica, nuclear y geotérmica. Con esto, se abonará a los objetivos de la transición energética y el combate al cambio climático.

Afortunadamente, hemos visto cómo el coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión, Carlos Puente, se ha comprometido a apoyar la reforma eléctrica debido a la importancia que tiene para el medio ambiente y la transición sustentable justa. De igual modo, hemos visto a los compañeros del Partido del Trabajo defender la importancia de esta reforma para los intereses del pueblo de México.

Lamentablemente, también hemos visto los arrebatos del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, este último que, pese a haberse opuesto a la reforma del 2013, hoy se limita a subordinarse a la defensa de intereses empresariales y cupulares. 

Por el contrario, aún no hemos encontrado pronunciamientos por parte del Partido Revolucionario Institucional, de quien esperamos recuerde los intereses populares que, pese a recientes posturas, están en la base fundacional de su programa político.

Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena insistimos en la importancia de esta propuesta de reforma, por lo que proponemos a la asamblea el siguiente atento exhorto a los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN, de MC y del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que voten a favor de la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Parlamentario de Morena