Morena propone ampliar las medidas de protección para periodistas  y personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato.

 

Durante la sesión del Congreso local, la diputada de morena, Alma Edgwiges Alcaraz Hernández presentó una iniciativa con el fin de reforman la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato y así aumentar el marco de seguridad e incluir la obligación de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos.

La propuesta busca que sea una obligación de las autoridades de investigar el origen de las agresiones y amenazas que reciban los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos y que dicha investigación culmine con el esclarecimiento o sanción a los responsables.

En su exposición Alcaraz Herández dijo que la violencia es cada vez más frecuente y esto ha orillando a los periodistas a dejar de ejercer su profesión o a realizar actividades que por miedo a ser violentados o agredidos son  obligados a pagar derechos de piso. 

“No podemos olvidar el papel que llevan a cabo los periodistas en una sociedad en la que actualmente vivimos y es de suma importancia, ya que son el conducto directo por el que las y los guanajuatenses podemos conocer los hechos que ocurren en el estado, esto permite que la ciudadanía se mantenga informada y tenga las herramientas para tomar las mejores decisiones para su comunidad” comentó la legisladora.

Destacó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), coinciden en que el incremento de la violencia, la falta de reconocimiento al trabajo que realizan las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas y los niveles altos de impunidad son tres factores que incrementan la vulnerabilidad de estos.

En ese sentido, precisó que, si bien la entidad cuenta con una la a ley que los protege, no se han alcanzado las acciones necesarias para inhibir las agresiones y muertes en contra de activistas y periodistas, en virtud de que no cuenta con los alcances y herramientas necesarias para que los hechos delictivos sean esclarecidos y juzgados.

La también integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Alcaraz Hernández refirió que el problema es que el texto vigente (en la ley) únicamente contempla las medidas de protección sin que se obligue a las autoridades a investigar y llevar a juicio a quienes amenazan a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, teniendo en cuenta que el Código Penal contempla los delitos de amenaza y acecho como conductas que deben ser castigadas con prisión.

Finalmente la congresista precisó que se incorporan las figuras de la coerción, censura o control de los medios de comunicación o periodistas dentro del concepto de agresiones, con la finalidad de adecuar dicho concepto a otras conductas que resultan igualmente nocivas para el ejercicio de la libertad de expresión.

 

REDACCIÓN/RP

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