Una Secretaría de Seguridad Pública que agrede y violenta y una Fiscalía Estatal que no procura justicia: ALCARAZ

Una Secretaría de Seguridad Pública que agrede y violenta y una Fiscalía Estatal que no procura justicia. 

Alma Alcaraz, congresista en Guanajuato expuso el caso de Juan Antonio Córdova, ex-policía de Fuerzas Públicas del Estado. Y es que la seguridad de las personas es un factor esencial para el bienestar y es la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre el poder político y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas.

Actualmente, la seguridad pública es uno de los temas más complejos al que se enfrenta nuestro país; sin embargo, la dimensión del problema no puede reducirse solo al fenómeno del narcotráfico, existen otros elementos que deben atenderse, como lo son los procesos de transformación de las instituciones que hoy se encuentran fracturadas, corrompidas e inoperantes. En este sentido, la violencia y la inseguridad que hoy padecemos todas y todos los mexicanos y, en especial la ciudadanía guanajuatense no pudo existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos, que permitieron el desmantelamiento progresivo de las instituciones responsables de la seguridad pública y de la impartición de justicia de nuestro estado.

Así mismo, el fenómeno de inseguridad no puede circunscribirse únicamente a delitos violentos, porque dentro del conjunto de formas de violencia que generan la inseguridad y que producen grupos organizados delictivos, se encuentran también los delitos de cuello blanco, llevados a cabo por funcionarios públicos. Éstos delitos permiten y propician conductas violentas y permisivas ante casos de violación de derechos humanos, de corrupción y de abuso de autoridad, entre otras, lo que ha dado como resultado instituciones débiles en valores que responden y actúan en favor de intereses particulares de la élite política y económica.

Hoy tenemos un Estado en llamas, donde se permiten casos vergonzosos de violación a los derechos humanos dentro de las mismas instituciones, como lo es el caso del C. Juan Antonio Córdova Álvarez, quien el día 23 de noviembre de 2021 presentó una denuncia ante el ministerio público, por el delito de abuso de autoridad.

Juan Antonio, quien fue parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato por 9 años y tres meses, cuenta que el día 17 de noviembre del 2021, aproximadamente a las 10:30 pm se encontraba en la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, estaba realizando sus actividades laborales cotidianas, cuando llegaron aproximadamente 8 elementos de la Comisaria del Grupo Especializado, mejor conocido como Grupo Táctico. 

Entre los elementos que arribaron al lugar, Juan Antonio identificó a uno de ellos, a quien apodan “El Mango”, mismo que se acercó a Juan Antonio, preguntándole quién era Córdova, a lo que Juan Antonio contesto: soy yo.  

Inmediatamente después de que Juan Antonio respondió, “El Mango” le quitó el arma corta con jalones, y posteriormente, dos elementos del Grupo Táctico tomaron a Juan Antonio de los brazos y lo subieron contra su voluntad a la cabina trasera de una de las unidades, le agacharon la cabeza impidiéndole que se levantara, en la misma unidad iban 4 agentes del Grupo Táctico más. “El Mango”, quien iba de copiloto, expresó en voz alta: “Ya te cargo la chingada”, refiriéndose a Juan Antonio. 

Juan Antonio, seguía agachado, sin saber a dónde lo llevaban, sin embargo, comenta que luego de unos 15 minutos la unidad se detuvo y lo bajaron, entonces se percató de que se encontraba en el Cuartel 2, que se ubica en donde antes fue el tutelar de menores.  

Al ingresar, Juan Antonio se percató de que no era el único que se encontraba en esa situación de abuso de autoridad, pues había más de sus compañeras y compañeros en el lugar en la misma situación que él. 

Lo sentaron en un pupitre, y le agacharon la cabeza. Cuenta Juan Antonio que estuvieron en ese lugar y en esa posición por aproximadamente 2 horas, hasta que entró otro elemento del Grupo Táctico, a quien apodan “El Pescado”. 

“El Pescado”, le preguntó a Juan Antonio que en cuánto vendía los servicios y donde recibía el dinero, a lo que Juan Antonio respondió: yo no hago eso y, si tiene forma de comprobarlo, póngame a disposición con las autoridades correspondientes. El elemento lo único que hizo fue mover a Juan Antonio, con todo y su pupitre de lugar, para volverlo a poner en la misma posición, con la cabeza agachada.

Dejaron a Juan Antonio y a las demás personas ahí toda la noche, no les permitieron cubrirse del frio y los mantuvieron agachados en los pupitres toda la noche, hasta aproximadamente las 8:30 am del día 18 de noviembre de 2021. En ese momento se dio cuenta de que habían llevado a más compañeras y compañeros, y los habían puesto en la misma posición que al resto.

Más tarde, alrededor de las 10:00 am, “El Mango” entró al lugar y les dijo, a Juan Antonio y demás compañeros, que por órdenes del comandante Solorzano debían entregar sus teléfonos celulares, sin embargo, se negaron, y entonces les quitaran los celulares a la fuerza. 

“El Mango” se llevó los teléfonos celulares de todas las personas que se encontraban ahí, luego de unos minutos, cuenta Juan Antonio que ingresó al lugar el comandante Guillen, al que apodan “El Huevo” junto con “El Mango”, éste último le dio una palmada en la espalda a Juan Antonio y le dijo “ya valiste madre cabrón”. 

Inmediatamente después, el comandante Guillen, les dijo que por instrucciones del comandante Solorzano, debían firmar una hoja, que no les permitieron leer, sin embargo, Juan Antonio alcanzo a leer que decía “baja voluntaria”. 

Juan Antonio se negó a firmar en un primer momento, por lo que uno de los elementos lo golpeó con el puño en el estómago y la espalda, entonces Juan Antonio se vio obligado a firmar, y se llevaron las hojas de la baja voluntaria. 

Juan Antonio y sus compañeros fueron trasladados a la comisaria 7 que se encuentra en la ciudad de León. Estando ahí, les pidieron, por órdenes de la inspectora Rosa Marcela López Álvarez, que entregaran los equipos que tenían a su cargo, es decir, cartuchos, cargadores y chalecos antibalas. La misma inspectora Marcela dio instrucciones de que no firmaran las hojas donde se hacía constar que habían hecho entrega del equipo. Sin embargo, Juan Antonio y sus compañeros insistieron en que les dejaran firmar. 

 La misma inspectora Rosa Marcela López Álvarez les dijo que debían acudir el día sábado, 20 de noviembre a las 8:00 am a la Comisaría General, donde les entregarían sus teléfonos celulares y donde recibirían algunas órdenes.

A Juan Antonio lo dejaron ir hasta las 5:30pm del 18 de noviembre de 2021. 

Posteriormente, como se lo habían pedido, el sábado, Juan Antonio acudió a la Comisaría General, donde lo único que le dijeron fue que ya no formaba parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y no le devolvieron su teléfono.

El lunes siguiente, 22 de noviembre, Juan Antonio y sus compañeros acudieron nuevamente al Cuartel General a solicitar que les entregaran sus teléfonos celulares. Estuvieron ahí desde las 8:00 am hasta las 10:30 am, en ese lapso de tiempo no los atendieron, hasta que llegaron los medios de comunicación salió el comisario Chávez a hacer de intermediario preguntando qué es lo que solicitaban y por qué estaban ahí. A lo que Juan Antonio contestó que lo que querían eran sus teléfonos celulares. 

El comisario Chávez les dijo que iba a hablar con el director Miguel Ángel Torres Durán, se retiró y regresó más tarde a decirles que sí se les iban a entregar sus teléfonos pero que por ahora no los tenían ahí, que los celulares estaban en investigación en el C5. 

Después de esa ocasión, Juan Antonio y sus compañeros fueron un par de veces más a la Comisaría General pero ya nunca los atendieron.

La experiencia de Juan Antonio nos permite ver más de cerca, las deficiencias que tienen, por un lado, la Secretaría de Seguridad Pública y por otro, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, porque ya pasaron 10 meses desde que Juan Antonio presentó su denuncia y aún no hay avances en la investigación de su caso. 

Nos encontramos ante una contradicción inaceptable: una Secretaría de Seguridad Pública que agrede y violenta y una Fiscalía Estatal que no procura justicia. 

Así pues, el piso mínimo que ha de solicitarse al Fiscal General, Carlos Zamarripa, es que la institución que encabeza sea una institución funcional y que garantice justicia. Y lo mínimo que ha de cuidar el Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, es la seguridad de sus propios funcionarios y servidores de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Alma Alcaraz expresó en el congreso de Guanajuato la necesidad que se atienda con seriedad y solidaridad ésta propuesta de punto de acuerdo, con la finalidad de que se haga justicia para Juan Antonio. La impunidad es uno de los males que afecta a nuestra sociedad, es necesario sentar las bases para que no se sigan dando estos casos de abuso de autoridad en ninguna de las instituciones públicas del estado. 

Por lo anteriormente expuesto, Alma Alcaraz puso a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta de PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO. - Esta LXV Legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento exhorto al Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, para que, de acuerdo con sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que se atienda y agilice el proceso de investigación correspondiente a la carpeta de investigación con número 1252731/2021. 

SEGUNDO. - Esta LXV Legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento exhorto al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, para que revise y atienda el estado que guardan los derechos humanos y laborales de las personas prestadoras de servicios en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar su seguridad. 

REDACCIÓN/UXU