DIEGO SINHUE CRIMEN SIN CASTIGO

José Luis Ramírez

Doble o nada

En un artículo publicado días antes de la masacre ocurrida en el barrio del Zapote, en donde a doña Carmelita, Don Pepe y su hijo Ricardo, les arrancaron la vida, me preguntaba si el ciudadano gobernador Diego Sinhue, saldría de su laberinto, y Mendoza Márquez de su ratonera. Han ocurrido otras masacres, más familias se han llenado de dolor, sufrimiento y temor, pero los zopilotes de la tragedia repiten las mismas frases, y se dan el lujo de llevarlas a un grado inaudito de cinismo.

El 11 de octubre del 2018, Diego Sinhue Rodríguez, señalaba que la estrategia de seguridad, de su antecesor Miguel Márquez Márquez, había fallado. Anunció su nuevo modelo de seguridad, que contemplaba la creación del “Consejo Estatal de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, y construir la seguridad desde lo local para atender de raíz los problemas”. Con él, en Celaya fueron de la mano en esa errática aventura, los ciudadanos Elvira Paniagua, y Javier Mendoza Márquez. 

 A unos meses de la salida de Diego Sinhue de la gubernatura, reafirmo lo dicho, no ha tenido una respuesta en contra la violencia, el crimen y la delincuencia, y no la habrá, por una sencilla razón, los dos funcionarios responsables de estas tareas, Carlos Zamarripa en la procuración de justicia, y Alvar Cabeza de Vaca en la seguridad son los mismos, el primero desde el año 2009, y el segundo desde el 2012. El crimen les creció como mala hierba, a pesar de los ríos de dinero que se han gastado para combatirlo.

Tres gobernadores anclaron en Guanajuato al Fiscal y al Secretario de seguridad ciudadana: Juan Manuel Oliva tres años; Miguel Márquez seis años; Sinhue Rodríguez otros seis años. Zamarripa llegó a dirigir la procuración de justicia en el 2009, en ese tiempo había 24 homicidios mensuales, y un brote incipiente del crimen organizado.

Precisamente dos años después de su llegada, el 9 de noviembre del 2011, Carlos Zamarripa, anunciaba la detención en Celaya de una red delictiva, dedicada al secuestro, extorsión, homicidio, venta y producción de droga, la huella manifiesta del crimen organizado era muy clara. Ismael Pérez Ordaz, ya estaba en funciones como presidente municipal. En el 2012, al término del mandato de Juan Manuel Oliva, fue ratificado Zamarripa por el nuevo gobernador, Miguel Márquez. 

En la primavera del 2013, el Procurador señalaba que León ocupaba el primer lugar en delitos de alto impacto, mientras que Celaya, ostentaba el segundo lugar (hace 10 años). A pesar de ello, en junio del 2016, el Procurador junto con el Secretario de Seguridad pública, dijo enfáticamente: Guanajuato no es plaza del Crimen. En el 2015 en Celaya, llegaba a la presidencia municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo, al que le robaban hasta las tapas de fierro del drenaje, que se encontraban frente a la presidencia; su antecesor, Ismael Pérez Ordaz, señaló antes de irse: “la seguridad es un saldo pendiente”, y añado, igual que la corrupción.

En Celaya, el Ciudadano Lemus a unos meses de terminar su mandato (mayo 2018) había permitido la baja de 188 policías, sin contar los 14 asesinados y los seis desaparecidos. La sospecha de corrupción en los mandos medios y altos, además del acoso sexual a las policías, y el maltrato laboral, revelaban la imposibilidad de tener una fuerza de seguridad confiable. El saldo negro estaba a la vista: Celaya se encontraba dentro de los 8 municipios a nivel nacional con más robos violentos a negocios. 

La salida de Ramón Lemus, coincidía con el retiro de la gubernatura de Miguel Márquez, y la inseguridad ya era inaguantable. Las voces de alerta, venían de todos lados: “La violencia rebasó instancias de seguridad, urge cambio de estrategias y de titulares”, señalaba el 4 de junio, Guillermo Arreguín Fonseca, Presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado; empresarios y Colegios de profesionistas de Celaya, Irapuato y Salamanca, exigían al gobierno estatal, y a los gobiernos municipales, “acciones inmediatas y eficaces para poner un alto a la grave inseguridad que se vive en la entidad”; los empresarios señalaban, "es claro el fracaso de las estrategias implementadas, pues ni el programa Escudo, ni la instalación del cuartel de la policía militar, ni las acciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado han dado resultados”. Pero Márquez Márquez, y Ramón Lemus se fueron tan campantes y felices como habían llegado.

En julio del 2018, ya como gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez, señaló que preparaba en Guanajuato un “golpe de timón” para atacar a la delincuencia. Señaló, hay que “apostarle nuevamente a las policías municipales y a la procuración de justicia”. En diciembre del 2018 el Congreso del Estado, aprobó la solicitud del gobernador Diego Sinhue, para convertir a Carlos Zamarripa en Fiscal Estatal, quien sería el capitán operativo del timón.

Para que tenga claro porque se cuestiona la presencia del ciudadano Zamarripa, le comento: compete a la Fiscalía General, entre otras cosas, procurar justicia; promover investigaciones de política criminal que permitan conocer la evolución del fenómeno delictivo; establecer y operar estrategias de inteligencia en materia de investigación de los delitos; crear y administrar bases de información y de estadística criminal en el ámbito de su competencia. E “Implementar un sistema de control de la gestión institucional a través del establecimiento de indicadores que sirvan para la evaluación del funcionamiento de la Fiscalía General…”. 

A lo largo de su mandato constitucional, el ciudadano Diego Sinhue, ha presumido tener al mejor fiscal del país, la mejor policía, pero la necia realidad termina por desmentirlo. Desde su llegada sabía perfectamente como el crimen estaba rebasando a las instituciones.  En el mes de septiembre del 2018, a 13 días de tomar protesta como gobernador, escuchó a Alvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Publica, informar que la FSPE, contaba con 3 mil elementos; que estaba entre las mejores cinco policías mejor evaluadas, y certificadas, y con mayor grado de aceptación y confianza ciudadana.

Era un informe que dejaba más dudas que respuestas. Señaló que en 6 años formó y capacitó a cerca de 1,800 nuevos policías de las FSPE, también que casi 4 mil policías municipales fueron formados en la Academia Estatal. Y dio datos del trabajo realizado en el sexenio de Miguel Márquez Márquez, quien, por cierto, ahora se postula para Senador. Esos datos revelaban el crecimiento brutal de la organización delictiva.

Mencionó que dos millones 554 mil dosis de drogas habían sido aseguradas; 14.8 kilogramos, de heroína incautada; el desmantelamiento de 10 narco-laboratorios; el aseguramiento de 3 millones 983 mil litros de hidrocarburo robado, la detención de 719 personas vinculadas a este delito, y 919 vehículos asegurados. La pregunta que muchos se hicieron en ese momento fue, ¿que se hizo con los hidrocarburos incautados?

También confirmó el aseguramiento de 2 mil 401 armas de fuego, dos fusiles antiaéreos Barrett calibre 50; 30 granadas de fragmentación, un lanzacohetes; un dron con explosivos y 43 mil 523 cartuchos. Informó que fueron desarticuladas 26 células del crimen organizado; que rescataron 21 víctimas de secuestro; que recuperaron 4 mil 242 vehículos con reporte de robo, así como la detención de 8 mil 400 personas por delitos del fuero federal y común. 

Pero todo eso no erradicaba el crimen, ni su organización. ¿Por qué había crecido a tales proporciones la delincuencia y el crimen, si desde el 2012, las alarmas habían estallado? Miguel Márquez, y ahora Diego Sinhue, mantuvieron a Alvar Cabeza de Vaca como Secretario de Seguridad Estatal, la contradicción era evidente: se cortaban las espigas pero no se arrancaba la raíz criminal.

El “Golpe de timón” de Diego Sinhue con Alvar Cabeza de Vaca, en los últimos tres años fue a la deriva.  Los homicidios dolosos en Guanajuato fueron creciendo. En el 2009, el promedio anual fue de 288  homicidios; entre el 2018 y el 2021, fueron 14,637, un promedio de 3,659 por año, entre ellos, niños, adolescentes, mujeres, y personas de la tercera edad. Para esa fecha, en los últimos diez años habían desaparecido en Guanajuato 400 mujeres.

Otro dato importante para dimensionar los discursos y los hechos, fueron los casos de extorsión. En el 2015, hubo 8 casos, y en el 2021, se multiplico por casi 13 veces, hasta llegar a 209 casos. Hay que considerar que este tipo de delitos no se denuncian por el nivel de riesgo que corren las víctimas. A la fecha la extorsión ha crecido notablemente, pero la violencia en contra de los denunciantes, y el miedo psicológico que imponen los extorsionadores impide la denuncia formal. Cientos de comercios cierran, y otros abren mensualmente sus puertas para caer en manos de la delincuencia.

Al ritmo del crecimiento de la violencia y la delincuencia el dinero también aumentó con creces. En relación a los recursos invertidos, la Secretaria de Seguridad Pública estatal, del 2018 al 2021, tuvo un presupuesto de 16mil 485 millones de pesos, en cuatro años. En promedio un gasto diario de 11millones 291mil pesos. 

El 21 de junio del 2020, la fiscalía estatal realizó un operativo en la comunidad de Elguera, en Celaya, para recuperar “un vehículo robado”. El resultado fue la detención de los familiares de Antonio Yépez, “el marro”, quienes fueron liberados días después por un juez estatal. Estos acontecimientos presionaron para que el Fiscal compareciera ante Congreso del Estado, y el 3 de julio (2020) señaló, la orden “nos la concedió un juez estatal”, pero no se pudo realizar. 

En esta comparecencia reveló cifras que fue acumulando a lo largo de 11 años al frente de la Procuraduría y ahora Fiscalía: se mencionaron 164 mil 503 carpetas de investigación abiertas, de ellas solo 14 mil 805 eran casos judicializados, es decir procesados, por lo tanto, existían 150mil 958 carpetas de investigación pendientes. 

Esas cifras señalaban que, el derecho a la justicia estaba violentado, que el deber de investigación penal de la Procuraduría como parte fundamental de su trabajo, había sido deficiente, y que al 2021 con la Fiscalía Estatal continuaba lo mismo. 

A 5 años del golpe de Timón del ciudadano Diego Sinhue, las quejas siguen siendo las mismas, pero el obituario se acumula, la improvisación sigue porque los programas en materia de seguridad y procuración de justicia no se han aplicado correctamente, o bien no se han seguido por omisión o conveniencia, como fue con el Programa Escudo, y con la nueva estructura burocrática. La incidencia delictiva, genera una mayor carga a la responsabilidad de la fiscalía, y su respuesta deja mucho que desear. La procuración de justicia solo se mueve para encarpetar datos, y alimentarlos de juicios morales, pero no de resultados.

Igualmente, los abogados señalan que no hay una evaluación a los titulares, directivos, ministerios públicos, y policías ministeriales encargados de la procuración de justicia, y el resultado obvio, es ineficiencia y laxitud en la ejecución de sus funciones como lo ordenan las Leyes. La carga acumulada y los recientes hechos delictivos, para los ministerios públicos, el personal operativo y la falta de idoneidad del personal, provoca que las investigaciones de los delitos estén mal integradas y documentadas, generando la impunidad y el impedimento al acceso a la justicia. De ello, hablan los anuncios públicos de detenciones por delitos de alto impacto, como la detención de los presuntos asesinos de la buscadora, Lorenza Cano Flores, del colectivo, Salamanca Unidos, pero los imputados son liberados o enjuiciados por otros delitos, quedando la ciudadanía con una gran confusión y desconfianza.

Hace falta espacio para sumar el número de pérdidas humanas, y del patrimonio perdido a 5 años después de la llegada del ciudadano Diego Sinhue. La seguridad, las estrategias y los estrategas siguen fallando. El crimen sigue creciendo como la mala hierba, quizá ahora es peor que en el virreinato de Márquez Márquez, Libia Denisse o Alma Alcaraz, cualquiera que llegue a la gubernatura recibirá una estafeta escurriendo sangre. 

A pesar de este escenario de ingobernabilidad, Diego Sinhue, ya con las maletas en la puerta, hace una semana declaró: “Pese a quien le pese, Zamarripa es el mejor”, detrás de esa frase hay una rio de sangre de 18 mil 946 personas asesinadas, y cientos de desaparecidas, millones y millones de pesos perdidos del patrimonio de miles de familias, además del terror e incertidumbre en la que viven en municipios de alto riesgo como León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, y Salvatierra.

Como si este escenario de guerra hubiese aparecido por arte de magia, y fuese ajeno a su responsabilidad, afirmó en entrevista con AM el 24 de enero de este año, “Esta descomposición que tiene el País y que tiene Guanajuato no fue en un año, en dos o en tres, fueron años y años que se ha venido descomponiendo y va a tardar años esto, pero hay que luchar… Y el tiro de gracia, fue permitir la reelección de los presidentes municipales, que poco o nada han hecho para frenar su desmoronamiento, de cara a los que se han organizado para arrancarles el gobierno por la vía de la violencia o la complicidad de servidores públicos.

En Celaya, con Javier Mendoza Márquez, las victimas ya no solo ocurren con la población civil, se han registrado 73 ataques contra trabajadores de seguridad, vehículos, o instalaciones de la secretaría de seguridad ciudadana, con un saldo mortal de 33 policías, 5 tránsitos, 3 empleados administrativos, 1 escolta, 1 bombero, y actualmente dos policías se encuentran lesionados. El ciudadano Alvar Cabeza de Vaca, insinúa que es porque no hay una política del debido actuar policial en contra de la delincuencia”, es decir, hay una política violenta en contra de la delincuencia, como con la población civil.

Intento dar cifras de estos últimos 3 años, para obligarnos a repensar en la gran tragedia que vivimos, e intento dimensionar los daños, pero eso me lleva a pensar en el dolor que he visto en los rostros de aquellos padres que han perdido a sus hijos, en el rostro de impotencia, dolor y coraje de los familiares, y no me atrevo a cerrar este escrito, porque no creo que la pesadilla haya terminado. Lo siento, las campanas seguirán resonando, y no sabemos ahora por quién.

REVOLCADERO. Rescatar a Celaya, fue una promesa de mal gusto, necrofilia pura de Mendoza Márquez, pero lo que hace Diego Sinhue al permitirle la reelección por otros tres años, eso es una crueldad. ¿Qué le hicimos?