Senadora Martha Lucía Mícher, GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir y
Ddeser exhortan al Congreso local a aprobar Interrupción Legal del Embarazo
en Guanajuato

· Senadora Martha Lucía Mícher y activistas pidieron al Congreso de Guanajuato

aprobar la despenalización del aborto.

· Denunciaron discriminación contra mujeres guanajuatenses por falta de acceso

a la ILE.

· Criticaron al PAN por bloquear la iniciativa y exigieron legislar con base en

derechos humanos.

La senadora de la República Martha Lucía Mícher Camarena y las organizaciones

civiles Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Ddeser y GIRE, hicieron un llamado

a las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Guanajuato para votar en

favor de la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad, toda vez que la bancada

del PAN ha intentado de manera reiterada archivar la propuesta.

La Senadora y los activistas enfatizaron en que la decisión legislativa sobre el aborto

se debe hacer desde el Estado laico, los derechos humanos y la ciencia, no desde

los prejuicios, el miedo y la desinformación. Apuntaron que el aborto debe entenderse

como un asunto de salud pública y no como un dilema moral.

Por su parte, Mícher Camarena exhortó a la gobernadora Libia Dennise a respaldar

esta propuesta legislativa en favor de los derechos de las mujeres. Llamó a la

gobernadora a ser congruente con su compromiso con las mujeres y los derechos

humanos.

La Senadora de la República apuntó que, al no reconocer desde el legislativo local el

derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el Congreso está incurriendo en un

agravio comparado, es decir, cuando una persona o grupo es tratado de manera

diferente a otros en circunstancias similares, lo que genera desigualdad e injusticia.

En el caso de las mujeres guanajuatenses, la legisladora federal señaló que en la

entidad está existiendo un agravio comparado, dado que por radicar en Guanajuato

están siendo excluidas del acceso a servicios de Interrupción Legal del Embarazo.

Maribel Luna, Enlace de Incidencia Política de Católicas por el Derecho a Decidir

(CDD), señaló que de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de

abril de 2007 a Junio de 2024, al menos 560 mujeres de Guanajuato viajaron a la

Ciudad de México para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito.

Por esta razón, señaló la activista, la despenalización del aborto es un paso necesario

para erradicar la criminalización del derecho a decidir, pero también erradicar la

discriminación que viven las mujeres por el sólo hecho de ser guanajuatenses.

Luna criticó el uso político de la religión en la discusión del aborto y expresó que: "El

aborto en la iglesia sigue respondiendo a un abanico de miradas, incluso algunas más

progresistas como la Declaración sobre el Aborto (1974) en la que la Jerarquía

Católica reconoce que ni la ciencia ni la teología pueden decir en qué momento del

desarrollo embrionario se puede hablar de una persona".

Patricia López, Coordinadora Nacional de la Red por los Derechos Sexuales y

Reproductivos en México (Ddeser), señaló que, al no despenalizar el aborto, en

Guanajuato se perpetúan las desigualdades, la violencia institucional y un Estado que

niega la autonomía de las personas.

López señaló que el Congreso de Guanajuato se mantiene ajeno al reconocimiento

de este derecho y a las resoluciones de la Suprema Corte en la materia. Apuntó que

las y los legisladores conservadores se oponen a este derecho con argumentos sin

sustentos y anteponen sus convicciones personales sobre la salud y dignidad de las

personas.

"Exigimos al Congreso que se legisle con base a derechos humanos, evidencia

científica y en el marco de la justicia social. El aborto no es una concesión sino un

derecho que salva vidas. Guanajuato no puede seguir siendo cómplice y mantenerse

al margen de los derechos sexuales y reproductivos", expresó López.

Por su parte, Francisco Cué, responsable de Vinculación Legislativa de Grupo de

Información en Reproducción Elegida (GIRE), enfatizó que los Congresos locales

están obligados a reformar sus leyes penales para eliminar los delitos relacionados

con el aborto. El activista señaló que la Suprema Corte de Justicia ha indicado la

necesidad de abandonar el uso del derecho penal para regular quién, cuándo y bajo

qué circunstancias se puede acceder al aborto.

Asimismo, Cue señaló que la Suprema Corte ha establecido que los congresos

locales no pueden determinar el momento en que se inicia la protección del derecho

a la vida.

El pasado 9 de mayo inició en el Congreso local la discusión en torno a la

despenalización del aborto; no obstante, el PAN ha buscado archivar las iniciativas

votando en sentido negativo en las Comisiones de Justicia, para la Igualdad de

Género y de Salud.

Las iniciativa presentada por Morena busca modificar el Código Penal de Guanajuato

y otras leyes estatales para eliminar la sanción penal por abortar durante las primeras

12 semanas.

Asimismo, las diputadas María Eugenia García Oliveros y Ruth Noemí Tiscareño

Agoitia presentaron un Voto Particular sobre la Despenalización del Aborto ante la

Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato.

La propuesta de reforma albergada en el voto particular redefine el delito de aborto

como interrupción del embarazo después de la semana 12, excluye de sanción los

casos por violación y riesgo a la salud, incrementa sanciones para el aborto forzado

y establece medidas contra personal médico que sea partícipe de un aborto forzado.

Será este jueves 29 de mayo cuando el Congreso local vote si en Guanajuato se

reconoce o no el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.