Celaya: promesas rotas y la crisis de la transformación

Por Erick Xavier Huerta

Celaya vive una encrucijada política. Lo que fue presentado como la llegada de la “transformación” terminó reproduciendo muchos de los vicios que prometía erradicar. La esperanza se convirtió en desencanto, y el discurso moralizante cedió terreno ante prácticas que la ciudadanía reconoce demasiado bien.

El arribo del nuevo grupo gobernante ocurrió en un contexto trágico y emocionalmente cargado: el asesinato de la candidata de su propio partido marcó el proceso electoral y generó una narrativa de legitimidad construida desde el dolor. Aquello produjo solidaridad y una ola política que facilitó el acceso al poder. Sin embargo, gobernar exige algo más que narrativa.

Se prometió cambio estructural. Se prometió seguridad. Se prometió una nueva ética pública. Celaya, incluso, fue presentada como polo logístico y motor estratégico de desarrollo. Pero en los hechos, los resultados no han estado a la altura de las expectativas generadas.

La inseguridad sigue siendo el eje de la conversación cotidiana. Extorsiones, violencia y percepción de vulnerabilidad forman parte de la experiencia diaria de muchos ciudadanos. Frente a ello, el discurso oficial suele recurrir a explicaciones que recuerdan viejas prácticas: que no hubo denuncia, que son hechos aislados, que la responsabilidad es compartida. El lenguaje cambia de color partidista, pero la narrativa defensiva permanece.

Aquí emerge una pregunta incómoda:

¿En qué se distingue realmente la nueva clase política de la anterior cuando las respuestas institucionales son similares?

La crítica que en campaña se hacía a gobiernos anteriores —minimizar la violencia, trasladar responsabilidades, despersonalizar las víctimas— hoy parece repetirse bajo otras siglas. Y eso erosiona credibilidad.

La partidocracia, en general, atraviesa un momento oscuro. No es un fenómeno exclusivo de una fuerza política. En Guanajuato, tras años de hegemonía panista, surgió una alternativa con discurso moral renovado. Pero cuando la alternativa reproduce prácticas tradicionales —cuotas, grupos, reparto de posiciones, cercanía excesiva entre poder político y beneficio privado— el electorado comienza a preguntarse si el cambio fue solo de etiquetas.

Celaya es estratégico para cualquier proyecto de crecimiento político en Guanajuato. Si el partido gobernante aspira a consolidarse regionalmente, necesita resultados verificables en su bastión más visible. De lo contrario, el desencanto puede convertirse en castigo electoral.

El riesgo es claro: cuando la ciudadanía pierde la esperanza en la renovación, tiende a votar por lo conocido, aunque sea imperfecto. En política, muchas veces el pragmatismo se impone sobre la ilusión.

Mientras tanto, la percepción de desconexión entre clase política y ciudadanía se profundiza. La imagen de funcionarios celebrando, mientras amplios sectores padecen inseguridad y precariedad, amplifica el enojo social. La política exige sensibilidad simbólica además de resultados técnicos.

A nivel nacional, el proyecto de la llamada Cuarta Transformación enfrenta tensiones similares: la narrativa de combate a la corrupción convive con escándalos internos y disputas de poder. Cuando la respuesta ante crisis es redirigir la conversación hacia el pasado, el mensaje puede perder eficacia.

La lección es simple y compleja a la vez: el poder no se legitima solo por origen electoral, sino por desempeño.

Celaya necesita más que discursos. Necesita gestión efectiva, transparencia radical, profesionalización de sus cuadros y reconstrucción de confianza institucional.

La transformación no se decreta. Se demuestra.

Y hoy, en Celaya, la ciudadanía espera pruebas.