El peligro del “Decreto de Honestidad”: ¿Qué pasa cuando el poder dice que ya no hay corrupción?

Por decreto presidencial, el mal ha muerto

El discurso político que cimentó un movimiento basado en la promesa de erradicar la deshonestidad ha transitado hacia una fase de consolidación discursiva. Desde las promesas de campaña de “barrer las escaleras de arriba abajo”, pasando por las declaraciones en conferencias matutinas y las ratificaciones posteriores que respaldan la continuidad del proyecto político actual, la narrativa oficial sostiene una premisa fija: la corrupción ya no existe en las altas esferas del gobierno.

Sin embargo, cuando la máxima autoridad del Estado decreta que un mal sistémico ha sido erradicado, se genera un vacío entre la retórica oficial y los desafíos persistentes en materia de transparencia, fiscalización y seguridad ciudadana.

Las repercusiones democráticas e institucionales

Afirmar de manera absoluta que la corrupción se ha extinguido arrastra consecuencias directas en el funcionamiento de una república:

1. Desmantelamiento de la vigilancia ciudadana: Al asegurar que el camino ya está corregido y limpio, se envía un mensaje implícito de que la fiscalización social y el periodismo de investigación ya no son necesarios. Si el gobierno es intrínsecamente honesto, cualquier auditoría externa o cuestionamiento corre el riesgo de ser calificado como un ataque político en lugar de un ejercicio democrático.

2. Debilitamiento de los contrapesos: Los organismos autónomos de transparencia, las fiscalías anticorrupción y las auditorías superiores pierden legitimidad a ojos del discurso oficial. Si la corrupción ya no existe por definición, las instituciones diseñadas para combatirla y prevenirla comienzan a ser vistas como burocracias redundantes u obstáculos para la eficiencia del Ejecutivo.

3. Validación de la opacidad: Declarar el fin de las malas prácticas puede actuar como un manto de inmunidad discursiva. Ante señalamientos de irregularidades contractuales, desvíos presupuestales o asignaciones directas, la respuesta sistemática apela a la “calidad moral” del gobernante y no a la rendición de cuentas basada en evidencias o datos duros.

El efecto en la agenda pública: ¿Ya no hay nada que hacer?

El principal riesgo de esta narrativa es el conformismo institucional y la desmovilización civil. Cuando un representante popular afirma que las metas de transparencia están cumplidas, asienta la idea de que la estructura actual es perfecta. Esto anula la urgencia de implementar reformas profundas para resolver problemas estructurales que no desaparecen con declaraciones, tales como:

• La falta de licitaciones competitivas.

• La impunidad en desvíos de fondos públicos comprobados por auditorías ministeriales.

• La infiltración de intereses particulares en los cuerpos de seguridad y de justicia.

Conclusión: La corrupción como batalla permanente

La experiencia internacional demuestra que la corrupción no es un interruptor que se apaga mediante un cambio de administración; es una conducta que aprovecha los vacíos legales, la discrecionalidad en el gasto y la ausencia de controles estrictos.

Avalar la idea de que el camino está resuelto y que la vigilancia debe ceder equivale a dejar la puerta abierta a la discrecionalidad. En una democracia funcional, la premisa fundamental no debe ser la confianza ciega en la infalibilidad de los gobernantes, sino la sospecha legítima y el escrutinio permanente como herramientas indispensables para proteger los recursos públicos.

Erick Xavier Huerta S.
Consultor, comunicador y promotor de desarrollo humano y sostenible.
Participante en la vida pública desde una agenda de paz, conciencia cívica, desarrollo regional y fortalecimiento comunitario.