SE BUSCA PRESIDENTE

José Luis Ramírez

Doble o nada

Al policía lo hemos convertido en víctima y victimario, esperamos mucho de él, y le damos poco. La seguridad de nosotros depende de su seguridad, y se le ofrece a cuentagotas. En la escala de los trabajos más rechazados se encuentra el del policía; y en la escala de los trabajadores más solicitados está el de policía. Extraña ironía, pero así es. 

Debo decirle que el policía más importante del municipio es el Presidente Municipal, y curiosamente las virtudes y desgracias de sus compañeros y subordinados dependen de él. El Artículo 77, fracción II de la LOM, señala que entre sus atribuciones es “Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, bandos de policía y buen gobierno (…), y la fracción XX, es aún más clara, “tener bajo su mando, los cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal, en los términos de la ley de la materia”. 

De cierto modo al elegir a un Presidente Municipal, elegimos un policía, porque cuidar el patrimonio y la seguridad personal, es lo más importante, y esa función depende de la policía, ¿pero qué patrimonio y seguridad le ofrecen las instituciones al policía? ¿Qué le ofrece la presidencia municipal al eje de su administración y gobierno, es decir a los policías? 

En las últimas dos administraciones municipales, en la medida que la violencia y la inseguridad se acentuaba, el divorcio entre el policía y la presidencia municipal también se agudizaba. Tal parecía que negarles derechos a los policías, era defender el derecho de los ciudadanos, pero eso, provocó una desbandada de elementos de seguridad, porque el poner su vida en riesgo fue pagado con desdén y frivolidad. Los que perdieron la vida, los que dejaron su vida laboral por riesgos de trabajo, los que se hicieron viejos cuidando nuestras espaldas fueron olvidados y despreciados. 

Las demandas laborales por despidos, por pensiones, por desaparición fueron presentadas en los tribunales, y lejos de atenderlas con responsabilidad por los órganos institucionales, fueron respondidas con alegatos jurídicos, con la única intención de prolongar los juicios y evitar el pago, no solo legal, sino moral. La deuda social, y económica en los últimos seis años creció con los deudos, con las familias, y las víctimas de esta violencia que no pueden frenarla.

El ocultamiento de la situación que privaba en la policía municipal, fue revelado por Angélica González Cruz, abogada de más de 60 elementos policiacos. La denuncia fue precisa “el municipio no los respalda, porque no se les reconoce como trabajadores municipales, y por lo tanto, no tienen derecho de jubilación, pensión y demás prestaciones”. Imposible de creer, pero los hechos lo confirman.

Desde luego, este asunto nos remite a una premisa fundamental, ¿cómo queremos seguridad para los celayenses si no hay seguridad para quienes deben cuidarnos? La nota roja es preocupación de todos los días, y la atención de los miembros del Ayuntamiento está en buscar la sofisticación tecnológica para perseguir a la delincuencia, radares, cámaras, teléfonos, patrullas, pero el recurso humano, lo más importante de la seguridad es vejado, discriminado, y borrado de sus derechos laborales.

Ningún plan de seguridad puede pasar por alto, el recurso humano y mucho menos marginarlo, y sobre todo cuando se pide de ellos, lo que nadie está dispuesto a ofrecer por los demás: la vida. En los últimos tres años en Celaya, se gastaron aproximadamente 1 mil 300 millones de pesos, pero los reclamos de los policías siguen siendo los mismos “no siempre se cuenta con todo el equipo necesario...” y “no lo denuncian por temor a represalias”. 

A lo antes mencionado, se suman otros hechos que juegan en contra de nuestra seguridad, la preferencia “hacia los policías federales, a quienes se les integra con altos cargos y altos sueldos, cuando en la Ciudad de México o de donde vienen fueron despedidos”. Las pruebas y examen y confianza nos lo dirán en su momento.

Es necesario puntualizar, que el rechazo hacia los policías, no es gratuita, pero si no somos capaces de ofrecer lo que pedimos, estamos fritos. Nadie en su sano juicio puede pensar que un policía puede darnos seguridad si está indefenso, no solo él, sino su familia; peor aún, si los funcionarios parten del juicio que privarlos de sus derechos es una forma de defender al municipio.

La caja de Pandora se abrió, y de la negativa a reconocer un saldo social importante, se pasó al recuento, Ramírez Montoya, director Jurídico, señaló a la prensa: “Estas 30 demandas que se atienden son de expolicías quienes reclaman despido injustificado, finiquito, pensión y hasta la restitución al cargo, pero se trata de personal de confianza y sus actividades son de seguridad, esto nos complicó el proceso”.

Y un dato que debe valorarse, es que “los expolicías que presentaron demandas al ser despedidos, unos alcanzan 22 años de servicio, y los menores ocho años, por ello, las pretensiones de cada uno son distintas”. Cada tres años el municipio paga cuentas enormes en abogados y funcionarios para liquidarlos, cuya función entre otras, sea la de buscarle seis pies al gato para evitar cumplir con la obligación moral, política, y legal del Presidente Municipal con sus principales subordinados, los policías.

Hacer blanco de nuestras frustraciones y amargas experiencias a los policías, es apuntar al lado equivocado. La corrupción endémica de las instituciones policiacas, siempre viene de arriba hacia abajo, y el principal “respondiente” en la jerga jurídica-policiaca, en el caso del municipio no es otro que el Presidente municipal en funciones, el Policía mayor. Lo que ocurra o deje de ocurrir es su responsabilidad. 

El Plan de Seguridad que se aprobó el jueves pasado en la Comisión de Seguridad Pública, Transito, Vialidad y Protección Civil, sin lugar a dudas, debe ofrecer una solución a la inseguridad, pero también a la discriminación y abandono de los policías municipales, porque de nada valdrán los planes alegres, si el grueso de los elementos policiacos tienen desconfianza y temor de sus jefes, y de las instituciones.

Revolcadero. 

Los 12 regidores, los dos síndicos y el Presidente municipal deberán pagar de su bolsillo, la multa por desacatar la resolución de la Juez de Distrito que los sentenció a otorgar la pensión reclamada por un policía municipal. La sentencia ya se cumplió, pero los rejegos del Ayuntamiento, todavía andan de lágrima para buscar un resquicio legal, que les permita gozar íntegramente de su 28% de aumento salarial, ya no les importa que el desprestigio personal sea del 100%.