Hipocresía histórica: cuando se condena la violencia y se celebra la revolución

Por Erick Xavier Huerta

Hoy, en la ceremonia por la Revolución Mexicana, la presidenta afirmó con solemnidad: “Quien convoca a la violencia se equivoca”. Es una frase cómoda, de alto impacto retórico; una frase que suena bien en un podio colmado de banderas y palomas. Pero su contundencia moral exige un examen honesto: ¿qué hacemos entonces con la historia de México, forjada también en armas, sangre y sacrificio? ¿Quién decide qué violencias fueron “legítimas” y cuáles son “equivocadas”?

La pregunta no es retórica. La nación entera está construida sobre episodios donde la vía armada fue la única respuesta posible para romper con regímenes opresores. Hidalgo, Morelos, los liberales de la Reforma, los revolucionarios de 1910: sus «levantar en armas» cambió las condiciones de poder y reconfiguró la vida pública. Dejar eso fuera de la memoria es falsificar la historia. Pero celebrarlo sin reconocer sus costos ni la complejidad moral tampoco es honesto.

La paradoja salta a la vista cuando el discurso oficial que condena la violencia se acompaña a la vez de una apropiación simbólica de aquellos episodios. Se invoca la Independencia, la Reforma y la Revolución como patrimonio moral de una narrativa de Estado, mientras se criminaliza y descalifica cualquier protesta contemporánea que incomode al poder. Es una contradicción peligrosa: se honra la historia violenta en abstracto, pero se niega la posibilidad de contestación cuando la historia vuelve a pedir cuentas.

Peor aún, cuando la condena a la violencia se convierte en herramienta para silenciar críticas y controlar el espacio público, encontramos la verdadera ofensa a la memoria. Los hermanos Flores Magón, por ejemplo, que fueron perseguidos por el Porfiriato, hoy serían objeto de descalificación en un entorno que confunde disidencia con amenaza. La historia republicana nos muestra que las transformaciones —aun las que desembocaron en regímenes mejores— fueron procesos complejos, muchas veces sangrientos, y que su interpretación política no puede ser monocorde.

Esto no implica una defensa de la violencia como método legítimo en nuestros tiempos. Implica, sí, un reclamo de coherencia y transparencia: si el Estado reivindica la memoria de los que se alzaron, debe también admitir que la violencia no es patrimonio exclusivo de unos u otros. La condena selectiva convierte el discurso ético en instrumento de poder.

Y hay una objeción práctica que la administración actual no puede ignorar: la seguridad pública. Mientras se invierte energía en controlar la narrativa y en celebrar efemérides, la vida cotidiana de miles de ciudadanos sigue siendo rota por la violencia real: asesinatos de líderes locales, ataques a periodistas, desapariciones y el avance del crimen organizado que se come territorios. Exigir a la sociedad que no proteste cuando la violencia y la impunidad se expanden es tanto injusto como autodestructivo.

La solución no pasa por romantizar la historia ni por convertir las conmemoraciones en trampolín de impunidad. Pasa por recuperar la valentía de la crítica pública y al mismo tiempo fortalecer las vías institucionales de disputa política. Si el gobierno cree en la paz y el orden, que lo demuestre con hechos: reglas claras, investigaciones imparciales, protección real a periodistas y activistas, restitución de derechos y políticas públicas que reduzcan las causas estructurales de la violencia.

Al mismo tiempo, la sociedad civil debe recoger la lección de la historia sin repetir sus tragedias: la memoria de Hidalgo o Zapata no es licencia para la anarquía, sino un recordatorio de que los sistemas cerrados terminan explotando. La protesta legítima, la desobediencia civil no violenta y la construcción de alternativas políticas son canales que fortalecen la democracia cuando las instituciones fallan; y cuando esos canales se asfixian, el riesgo de rupturas violentas crece.

Por eso el desafío actual es doble: exigir al gobierno coherencia entre memoria y acción, y recordar a la ciudadanía que la legítima defensa de la dignidad puede y debe tomar formas no letales, organizadas y con sentido de futuro. Nadie aquí aboga por la violencia, ni la historia la exime; sin embargo, también es una falacia moral pretender que la fundación de la república fue un paseo elegante cuando fue, en muchos capítulos, un proceso de conflicto.

Si proclamamos “Nunca más la violencia” desde los altares del poder, empecemos por actuar como tal: restaurando el Estado de derecho, protegiendo la libertad de expresión, garantizando justicia y abriendo espacios reales de participación. Sólo así la evocación de los insurgentes del pasado dejará de ser un título vacío, y se convertirá en un compromiso verdadero con la transformación que la nación todavía necesita.

Erick Xavier Huerta

Consultor, Periodista y Director de Transfórmate