La crispación política: cuando el poder divide al pueblo que dice representar

Por Erick Xavier Huerta

La política mexicana ha entrado en un estado de crispación permanente. El clima social se encuentra saturado de desconfianza, de agresión discursiva y de una polarización que fractura la convivencia cotidiana. Lo más grave es que esta división no surge únicamente de los conflictos naturales de una democracia vibrante, sino de una narrativa oficial que ha convertido la crítica en enemistad y la disidencia en traición.

Hay una contradicción fundamental en el discurso del partido-movimiento gobernante: proclama gobernar del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero trata al pueblo como un bloque homogéneo que solo es válido cuando coincide con su visión.

El pueblo nunca es uno solo.

Pero lo que no puede—ni debe—hacerse es dividirlo deliberadamente para obtener ventaja política.

Cuando desde el poder se estigmatiza a periodistas, se desacredita a ciudadanos críticos, se ridiculiza a opositores o se señala como enemigos a quienes cuestionan decisiones públicas, no se está enfrentando a fuerzas oscuras: se está atacando a partes del propio pueblo.

Perseguir o despreciar la crítica equivale a gobernar contra la mitad del país.

Esta fragmentación no es nueva, pero se ha profundizado. La estrategia de “divide y vencerás” ha acompañado a los grupos en el poder durante décadas, pero hoy opera con una eficacia corrosiva: se explota el hartazgo social, se multiplican antagonismos artificiales y se utiliza la polarización como combustible electoral.

Los partidos—todos—se han convertido en máquinas que parten al país y nos parten por dentro.

Lo vemos en familias divididas por preferencias electorales, en amistades rotas por discusiones políticas, en redes saturadas de insultos y linchamientos digitales. Tener ideas distintas parece un pecado capital. Pero la pluralidad no es un defecto: es el fundamento mínimo de cualquier sociedad democrática y del respeto cotidiano.

La contradicción del paradigma oficial es evidente: si el gobierno dice deberse al pueblo, entonces debe reconocer que el pueblo está compuesto también por quienes disienten, por quienes exigen cuentas, por quienes marchan, por quienes investigan, por quienes no aplauden.

El pueblo no es una masa obediente: son ciudadanos libres que piensan, opinan y participan desde todos los ángulos ideológicos.

Mientras tanto, México enfrenta problemas reales y urgentes: violencia estructural, pérdida del Estado de derecho, captura de territorios por el crimen organizado, un sistema judicial debilitado, y un centralismo creciente que asfixia la participación cívica. Sin embargo, el gobierno ha preferido invertir energía en pleitos, descalificaciones y control narrativo antes que en reconstruir la confianza institucional.

La crispación social no es un fenómeno abstracto. Es un obstáculo directo al desarrollo nacional. Los países no progresan cuando sus ciudadanos viven enfrentados unos contra otros, cuando los gobiernos gobiernan para una mitad y desprecian a la otra, o cuando la verdad pública se sustituye por campañas de propaganda emocional.

Si insistimos en este modelo, México evolucionará lentamente en lo humano aunque avance en tecnología o infraestructura. El progreso verdadero requiere entendimiento, respeto, participación y una cultura política madura capaz de mostrar que la disidencia es un derecho, no una amenaza.

Salir de esta crisis social implica reconocer que nadie tiene el monopolio del pueblo.

Ni el gobierno.

Ni los partidos.

Ni los grupos de poder.

El pueblo somos todos: los jóvenes, las familias, los periodistas, los trabajadores, los críticos, los que protestan, los que gobiernan y los que observan.

Y si México quiere un futuro distinto, debemos recordarlo antes de que la crispación termine por romper lo único que debería permanecer intacto: la unidad esencial de la nación.